El Gobierno da razones técnicas para salvar a CDC

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El Gobierno dijo ayer que si no apoyó que el Consorcio del Palau de la Música acusara a Convergència por el saqueo de la institución fue por razones técnicas. El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, sostuvo que los servicios jurídicos del Consorcio -formado, además del Ejecutivo, por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona- desaconsejaron el cambio de estrategia.

En la práctica, Gobierno y Generalitat dejaron solo al Ayuntamiento de Barcelona en la reunión del pasado viernes, y ayer se confirmó que el Consorcio del Palau no acusará a Convergència, a diferencia de la acusación popular y la Fiscalía. El asunto ha despertado suspicacias sobre un posible acuerdo bajo mano entre PP y el PDeCAT -el partido sucesor de CDC, que hoy ayudará al Ejecutivo a sacar adelante la reforma de la estiba-, y ayer provocó una fuerte división en Junts pel Sí: los diputados de ERC votaron junto a la oposición y contra sus socios en el Govern.

Méndez de Vigo dijo en el Congreso que la decisión de no acusar a Convergència, que según algunas confesiones del caso Palau pudo recibir 6,6 millones de euros en comisiones ilegales a cambio de concesiones de obra pública, se debía a motivos técnicos. Pero los representantes del Ministerio de Cultura ni asistieron ni delegaron su voto, y la Generalitat impuso su criterio frente al del Ayuntamiento de Barcelona en la reunión del viernes del Consorcio del Palau.

El ministro afirmó que los dos informes jurídicos que se solicitaron para tomar una decisión acerca de acusar a Convergència coincidieron en desaconsejar la propuesta del equipo municipal de Ada Colau alegando que «una mutación de la acusación no sería admisible por motivos de indefensión».

Pese a que la Fiscalía y la acusación popular consideran que CDC se lucró con el dinero del Palau a cambio de presuntas comisiones ilícitas, el abogado del Consorcio mantuvo en el juicio por el caso Palau su petición de 21 años de cárcel para Fèlix Millet y Jordi Montull y no reclama ninguna responsabilidad a CDC. Los representantes municipales habían pedido que se replantease esta decisión ya que consideraban que la institución cultural debe beneficiarse del dinero desviado supuestamente hacia el partido.

De hecho, Colau ha forzado una nueva reunión del Consorcio del Palau de la Música la semana próxima para hacer que esta entidad reconsidere su posición. Aunque el trámite de conclusiones de las acusaciones dentro del procedimiento judicial ya ha acabado, el letrado del Consorcio puede proponer a la Audiencia de Barcelona modificar su escrito pese a que debería justificar las razones jurídicas para hacerlo y que el tribunal lo admitiese. Sería en la sesión del 26 de mayo antes de que las defensas informen sobre sus conclusiones.

Frente a las acusaciones del portavoz de En Comú en el Congreso, Xavier Domènech, acerca de un «pacto de silencio» entre PP y PDeCAT que servirá también para aprobar el decreto de la estiba, el ministro de Cultura ofreció también otra explicación sobre la actuación del Gobierno en el consorcio: «Hay una guerra entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, y dentro de la Generalitat, entre el PDeCAT y ERC. Y nosotros no queremos meternos en esas batallas políticas, no fuimos para no hacerles el juego».

Casi al mismo tiempo, en el Parlament, se evidenciaba esa división en el independentismo. ERC rompía la estrategia del PDeCAT y se alineaba con la oposición en dos votaciones, a pesar de que, un día antes, el Govern había dicho que la decisión de no acusar a Convergència por su responsabilidad en el Palau era «unánime» y «consensuada».

Como consecuencia, el Parlament instó al Govern a ponerse de lado del Ayuntamiento de Barcelona y acusar a CDC. Por primera vez, ERC y el PDeCAT se dividieron el tiempo de intervención en la Cámara, y la división no se plasmó sólo en el resultado: cada uno de los partidos sólo aplaudió a su representante.